Chilpancingo, Guerrero, 30 de abril de 2025.- La diputada Jesusita Galeana Radilla presentó ante el Congreso del Estado de Guerrero una iniciativa ciudadana conocida como “Ley Tere”, que busca establecer un marco jurídico claro para proteger al personal docente de denuncias falsas o sin fundamento, presentadas con dolo y sin pruebas contundentes.
Esta propuesta responde al creciente reclamo social por garantizar el respeto a la dignidad y la integridad del magisterio, frente a casos como el ocurrido en Querétaro, donde una maestra fue acusada y detenida injustamente tras una denuncia difundida en redes sociales.
La iniciativa contempla reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Educación del estado. Se propone adicionar el artículo 320 al Código Penal para tipificar como delito las denuncias de hechos inverosímiles presentadas con la intención de perjudicar al personal docente.
Este nuevo artículo impondría penas de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes, actuando dolosamente, acusen falsamente a maestros o maestras al interior de instituciones educativas. Asimismo, el contenido actual del artículo 320, relativo a testimonios falsos ante la autoridad, se recorrería como artículo 320 Bis, manteniendo vigente su aplicación.
De igual manera, se plantea la adición del artículo 83 Bis a la Ley Número 464 de Educación del Estado de Guerrero. Este nuevo precepto establece que, con el objetivo de preservar la paz y garantizar entornos escolares libres de violencia, las madres y padres de familia, el personal docente y los estudiantes deberán observar una conducta respetuosa y sujeta a los protocolos de actuación escolar, protegiendo en todo momento la dignidad de las personas y sus derechos humanos.
El artículo también contempla que, si durante un procedimiento se determina que una denuncia se basó en hechos inverosímiles, las autoridades educativas deberán dar vista al Ministerio Público y coadyuvar en la investigación correspondiente para que se proceda penalmente conforme a lo establecido en el artículo 320 del Código Penal.
La propuesta normativa reconoce la necesidad de un entorno escolar donde prevalezca el respeto, y donde las denuncias sean tratadas con responsabilidad y sustento real. El objetivo de la iniciativa no es inhibir el derecho a denunciar, sino evitar que el sistema legal sea utilizado para causar daño intencionado a docentes cuya trayectoria puede verse afectada de forma irreversible por acusaciones infundadas. Además, se busca brindar apoyo emocional y legal a los maestros afectados, garantizar el debido proceso, limpiar su imagen profesional y asegurar mecanismos de reparación del daño.
La diputada Jesusita Galeana ha enfatizado que la “Ley Tere” no es solo una propuesta legislativa, sino un llamado social a reconocer la vulnerabilidad del gremio magisterial ante la desinformación, los juicios mediáticos y el uso irresponsable de las plataformas digitales. La iniciativa ya ha ganado visibilidad en redes sociales y respaldo entre organizaciones educativas, y se espera que en los próximos meses se realicen foros y consultas para enriquecer su contenido antes de su eventual aprobación legislativa.
Con esta propuesta, Guerrero se posiciona a la vanguardia nacional en la defensa del magisterio y en la construcción de una cultura de legalidad que respete tanto a los educadores como al derecho de las familias a ser escuchadas, pero siempre dentro del marco de la verdad, la evidencia y la justicia.
