Chilpancingo, Gro.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de su coordinador, el diputado Robell Urióstegui Patiño, votó en contra de la reforma constitucional enviada por el Senado de la República, que promueve la adscripción de la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta decisión, según lo expresado en la tribuna por el legislador, representa un paso hacia la militarización de la seguridad pública en México, alejándose del principio de mando civil establecido en la Constitución.
El PRD argumentó que esta reforma no sólo incumple el compromiso hecho en la creación de la Guardia Nacional en 2019, donde se estableció un mando civil, sino que además representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos en el país.
En ese sentido Urióstegui Patiño, esgrimió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional una reforma previa que otorgaba control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que resalta la inconstitucionalidad de la medida actual.
El GPPRD alertó que la militarización de la seguridad pública ha demostrado en el pasado ser ineficaz, y teme que las violaciones a los derechos humanos se incrementen con la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Además, advirtió de la falta de un estudio de impacto prometido por el gobierno federal en cuanto a la Guardia Nacional, lo que evidencia un incumplimiento más de los compromisos asumidos en reformas anteriores.
“Esta reforma debilita las instituciones civiles encargadas de la supervisión de la seguridad pública y crea un vacío peligroso que afectará la transparencia en las operaciones de la Guardia Nacional,” señaló Robell Urióstegui.
A la vez que previno, la aprobación de esta reforma, en un contexto de incertidumbre judicial, pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país.
El PRD reitera su compromiso con el fortalecimiento de un Estado democrático donde la seguridad pública esté bajo control civil y no militar, e insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre la constitucionalidad de este cambio.